PARTICIPACIÓN Y CONTENIDO NACIONAL

En la presente edición de Barriles, que circula en el contexto de la expectativa de la pos pandemia y la posible recuperación de la movilidad social y de las implicaciones no solo para las economías locales sino la mundial, destacamos que las empresas afiliadas a la Cámara Petrolera de Venezuela, han logrado preservar en estas condiciones extremas sus capacidades, y que hoy más que nunca son necesarias para construir la integración de la base de recursos requeridos para la rehabilitación de la principal industria nacional y sobre todo en el menor tiempo posible.

Para este fin, hemos dedicado esta edición al excelente trabajo de nuestro expresidente Ing. Antonio Vincentelli, sobre la participación nacional como un elemento central para la recuperación de nuestra ventaja competitiva y el desarrollo sustentable de nuestra economía.

Nuestra experiencia, debe centrarnos en implementar una política balanceada y a su vez, en seleccionar los aliados correctos que nos permitan intercambiar el recurso natural. No bajo un enfoque desmedido de nacionalismo, lo que podría constituir un cuello de botella para la recuperación, pero tampoco como una mera extracción y colocación de un determinado vólumen de producción. El obejtivo debe ser competir y reposicionarnos, en el menor lapso de tiempo posible, como un país capaz de hacer valer su historia petrolera en los mercados financieros asiáticos, americanos y europeos, con socios y países que intercambien tecnologías y desarrollos aprovechables para la cadena de valor en Venezuela. E incluir también, la debida política de transparencia y el balance legal e institucional como parte esencial de la credibilidad, sustentabilidad y el desarrollo industrial local. Al fin y al cabo, nuestra Nación debe repagar las inversiones y somos los Venezolanos los responsables de llevar a buen término los desarrollos económicos que se proyectan en nuestro país.

Consecuentemente, dentro de esta visión, es importante propender la formación de Alianzas Estratégicas, como una respuesta responsable a la necesidad de crear y agrupar nuestras competencias y optimizar los recursos para atender los desafíos en forma integral.

Una vez más, manifestamos la disposición de trabajar en conjunto para apoyar las iniciativas que buscan recuperar la producción petrolera del país, así como también, insertarnos en los planes de desarrollo en el nuevo contexto mundial. Para ello, contamos con más de 105 años de historia petrolera, 42 años de experiencia gremial, con cientos de afiliados y Capítulos Regionales en las zonas estratégicas del país, trabajando para la industria petrolera venezolana bajo los principios de ética, participación nacional y competitividad global de bienes y servicios ofrecidos por nuestros afiliados.

Estamos finalizando una década, concluyendo un año en el que a la crisis social y económica que venía afectando a la Nación se sumó la pandemia del COVID-19, con su impacto en la salud de la población y en el normal desenvolvimiento de todas las actividades del país, por las necesarias medidas de cuarentena para controlar la propagación del virus, con gran impacto en las actividades productivas y económicas.

Al concluir un lapso, es oportuno hacer una revisión retrospectiva de lo ocurrido en el mismo, de la situación en que nos encontramos y pensar en los planes y estrategias que debemos implantar en el próximo período para superar y mejorar la actual situación.

El último “Informe de Coyuntura del IIES de la UCAB“ presenta los siguientes datos sobre la economía venezolana al final de la presente década: reducción del PIB real superior al 80%; caída en la producción petrolera de 2,6 millones BPD a alrededor de 500 mil BPD; disminución de las reservas internacionales de 30.000 millones US$ a 5.000 millones US$; deuda pública aproximada de 162 Millardos de US$. Estos datos ponen en evidencia la necesidad de realizar cambios significativos en las políticas económicas del país para lograr una recuperación económica, frenar el crecimiento de la pobreza, recuperar la producción petrolera, aumentar el abastecimiento de productos agropecuarios y la producción industrial de bienes nacionales. Además de, ofrecer adecuado acceso a servicios de salud, educación, y asistencia social, mejorar la calidad de suministro de servicios públicos (agua, electricidad, gas, combustibles, transporte, saneamiento, telecomunicaciones, etc.), reducir el desempleo y en general, mejorar la calidad de vida de la población.

Para lograr los objetivos anteriores, se requieren importantes nuevas inversiones, reestructurar la deuda pública y ajustar el ingreso y gasto fiscal.

Sin embargo, esto solo se logrará mediante la recuperación de las instituciones del país, la revisión y adecuación del marco legal e impositivo, la garantía de seguridad jurídica y el establecimiento de procedimientos transparentes en las instituciones oficiales, que generen confianza ante los entes financieros multilaterales, nuevos inversionistas, empresarios y trabajadores.

Afortunadamente, para su recuperación social y económica, Venezuela cuenta con los hidrocarburos; posee reservas probadas de crudo y gas, experiencia, conocimientos derivados de más de 100 años de producción, infraestructura e instalaciones que pueden ser recuperadas, y un sector privado nacional productor de bienes y servicios con probada experiencia trabajando para la industria petrolera.

La recuperación de la producción petrolera requiere implantar cambios en la forma actual de conducir y administrar nuestra industria de hidrocarburos, que incluyen una apertura a la inversión y participación privada extranjera y nacional, un cambio en el modelo rentista hasta ahora aplicado, y la incorporación del sector productivo privado nacional, y así desarrollar capacidades productivas que podrán aplicarse a otros sectores del país.

La presente edición de BARRILES (No. 133), contiene como elemento central un documento elaborado, a solicitud de la CPV, por nuestro expresidente Ing. Antonio Vincentelli, titulado “La participación de la industria nacional de bienes y servicios en la recuperación de la industria petrolera venezolana“. Este importante documento analiza el entorno actual de nuestro sector hidrocarburos y hace un resumen de las propuestas hasta ahora presentadas para introducir cambios en el marco legal y fiscal vigente, y así adaptarlos a las presentes realidades y requerimientos  de nuestra industria petrolera y de nuestro país, así como para redefinir las relaciones entre el sector privado y el Estado venezolano, con el objetivo de crear confianza para atraer nuevas inversiones que permitan recuperar la producción de hidrocarburos.

El documento hace un recorrido por el desarrollo de la producción petrolera nacional a lo largo de los años, destacando cómo se fueron construyendo las instalaciones de producción y generando capacidades productivas en el sector privado nacional. También describe los sectores que conforman el sector nacional proveedor de bienes y servicios para la industria petrolera, que cumplen con todas las rigurosas exigencias de calidad y seguridad que demanda esta industria. Señala, incluso, proyectos en los que el financiamiento internacional jugó un papel muy importante, como durante la llamada “Apertura Petrolera” para el desarrollo de la Faja Petrolera; en los cuales se establecieron requisitos básicos para la participación nacional en los procesos de licitación, y a pesar de que su cumplimiento no fue uniforme y, en algunos casos, inferior a lo esperado, cuando se otorgaron oportunidades justas la oferta nacional resultó competitiva y cumplió sus compromisos con la calidad estipulada y en el tiempo esperado.

Vincentelli, explica lo que significa “Participación Nacional“ para el desarrollo integral y sustentable de un país. Presenta, como ejemplo, el caso de Noruega, nación que con pocos recursos económicos y sin experiencia previa en hidrocarburos, cuando inició la explotación de yacimientos en el Mar del Norte, exigió, desde su inicio, a los inversionistas y operadores internacionales una importante participación nacional, que le permitió la creación de una industria local de bienes y servicios que hoy día, tiene una amplia capacidad exportadora de reconocimiento internacional.  

Un contenido muy importante del documento, lo constituye el análisis de los elementos que favorecen la participación nacional, destacando que en el marco legal vigente hay claras previsiones para fomentar el contenido y participación nacional. Sin embargo, lo poco específico de algunas disposiciones y la falta de reglamentos de algunas leyes, deja a la interpretación y voluntad de los responsables en aplicarlas, las decisiones y acciones para lograr una mayor participación nacional. Por ello, es importante concientizar a los responsables de los entes del Estado sobre lo que significa la participación nacional para el desarrollo productivo de la industria petrolera y de los demás sectores del país. Igualmente, Vincentelli expresa que algunas autoridades y legisladores tienen apreciaciones y conceptos errados sobre las políticas, regulaciones, normas y prácticas de Organismos Reguladores Internacionales (OMC, etc.), Agencias de Créditos a la Exportación y Entes Financieros Internacionales, referente a la incorporación de bienes y servicios nacionales en proyectos por ellos financiados, por lo que es necesario informarlos adecuadamente.

Vincentelli concluye el documento destacando el rol de los hidrocarburos como factor de desarrollo en un país como Venezuela. Señala que estos recursos no deben continuar siendo percibidos simplemente como generadores de renta sino como palanca para el desarrollo integral y sostenible de la economía productiva de la nación, que promueva el desarrollo industrial, la producción de bienes y servicios para el consumo local y para la exportación, la creación de nuevas empresas que aplicando modernas tecnologías, seguras y amigables con el ambiente, aprovechen los recursos naturales de la Nación y generen empleos de calidad para el bienestar de todos los ciudadanos. Del documento, destaco el siguiente párrafo:

“Estimular y defender el establecimiento y seguimiento adecuado de medidas y acciones orientadas a incrementar el abastecimiento, la producción y el consumo de bienes y servicios de origen nacional para la industria petrolera y otras industrias, también tiene que ser un objetivo, no solo implícito sino muy explícito, en las modificaciones a la ley“.

Finalizo la presente nota felicitando a Antonio Vincentelli por su excelente documento, que constituye un valioso aporte y legado a la Cámara Petrolera de Venezuela y a la industria privada nacional de bienes y servicios, que contribuirá a los esfuerzos por lograr la maximización del contenido y participación nacional en la industria petrolera y demás actividades productivas del país.

A los lectores de BARRILES, les invito a que lean con detenimiento el documento de Antonio Vincentelli, analicen y reflexionen sobre su contenido, y se conviertan en difusores del mismo y promotores de la participación y contenido nacional.

Recuperar la producción petrolera nacional de su reducido nivel actual de menos de 600.000 barriles diarios a los niveles de hace 15 años, de aproximadamente 3 millones de barriles diarios, es un reto gigante, que en el mejor de los casos tomará no menos de 8 años, probablemente más, y que fácilmente requerirá de más de 100 mil millones de US$. Más de la mitad de esta inversión (55%-60%) estará destinada a la actividad de pozos, perforación y recuperación; el resto, a lo que podríamos llamar lo que está en la superficie y que incluye las facilidades de producción y transporte, refinación y mejoramiento, gas, recuperación ambiental, etc. Estas cifras no incluyen los montos requeridos para recuperar la industria petroquímica que, si bien son de un orden muy inferior, serán inversiones cuantiosas.

Como puede apreciarse, estamos en frente de lo que podría ser el flujo más grande y prolongado de inversión petrolera en la historia del país. Su duración y su magnitud ofrecen, desde su mismo inicio, una oportunidad única y probablemente irrepetible de plantear políticas de fomento y desarrollo nacionales que acompañen estos planes.

Con el proceso de la Apertura Petrolera de los años 80 y 90, el país ya demostró que pueden ejecutarse competitiva y oportunamente proyectos de refinación con más del 65% de contenido nacional y proyectos de instalaciones de producción de más del 80%.

La actividad de pozos, que por su naturaleza exige cuantiosos capitales y materiales mayormente importados, conlleva un porcentaje de participación nacional menor. Sin embargo, dado su gigantesco volumen y su interés estratégico, es un área que debe ser cubierta en las políticas de fomento y desarrollo del país. Así mismo, debe destacarse, como también aprendimos en la Apertura, que muchas de las actividades de servicios a pozos se realizan por empresas venezolanas y que una cantidad no despreciable de equipos y materiales se fabrican en el país.

Recuperar la industria petrolera nacional es mucho más que recuperar la producción de petróleo, es también recuperar la capacidad de operarla y suplirla de bienes y servicios adecuadamente.

Venezuela no está comenzando de cero y es deber de la Comisión encargada de la revisión o redacción de la ley informarse bien al respecto: de lo que se ha hecho en el país en el pasado, de lo que estamos en capacidad de hacer hoy y de lo que podremos hacer mañana.

La Cámara Petrolera de Venezuela cuenta hoy en día con alrededor de 500 empresas registradas, cifra que, si bien refleja una muy triste disminución de los más de mil miembros con los que una vez contaba (la Cámara y sus miembros no pudieron escaparse de la realidad del país), es también una muestra de una resiliencia increíble. Es indudable que la capacidad de nuestras empresas se ha visto disminuida y deberán establecer sus propios planes de recuperación para enfrentar los próximos retos, pero lo importante es que no partimos de cero. Muchas de nuestras empresas en las áreas de ingeniería, fabricación de equipos, construcción, servicios a pozos, entre otras, no solo han permanecido en el país a pesar de exclusiones, falta de pago y de situaciones insostenibles, sino que han incursionado exitosamente en el exterior, donde su capacidad y experiencia les han permitido abrirse espacios bajo condiciones desventajosas y hoy están en capacidad de ofrecer un apoyo importante a la recuperación de las actividades en el país.

Actualmente la Cámara cuenta con el siguiente número de empresas clasificadas por sectores:

• Construcción y montaje 72
• Fabricantes de equipos y materiales 56
• Ingeniería y servicios integrados 67
• Operadores de exploración y producción 13
• Servicios a pozos 62
• Suplidores 81
• Servicios técnicos y tecnológicos 51
• Servicios asociados 100

Estas empresas, con su experiencia acumulada y su experiencia en el exterior, ofrecen un punto de partida incomparable para retomar un camino de desarrollo, bienestar y oportunidades para el país.

La naturaleza de la actividad petrolera cubre una amplísima gama de bienes y servicios que por su magnitud demanda en gran cantidad. Estos bienes y servicios que requiere la industria de los hidrocarburos están sujetos a requisitos técnicos rigurosos y normativas de seguridad y calidad que satisfacen y/o exceden a las exigencias de otros sectores industriales.

Es por esto que la incorporación de bienes y servicios nacionales en proyectos de hidrocarburos no solo genera un importante número de fuentes de empleo, sino que a la vez promueve el desarrollo de cadenas productivas que abastecen y sirven a otros sectores de la actividad nacional apuntalando el desarrollo de todo el país. Por consiguiente, su incorporación es punto de apoyo fundamental para la reactivación general del aparato productivo y para regresar a un camino de oportunidades y progreso, por lo cual su tratamiento debe ocupar un lugar de primer orden en toda consideración de fomento del desarrollo.

Preocupa cuando un tema tan importante se pretende simplificar en demasía y resolverlo estableciendo un porcentaje general que aplique a todos los proyectos, sin reconocer la gran diferencia que existe entre los distintos tipos de proyectos que requiere la industria y los requerimientos específicos de cada uno, e ignorando las diferencias que hay en las diversas actividades dentro de un mismo proyecto. Estas soluciones “talla única” no han funcionado y los países que han sido exitosos las han reemplazado por políticas más específicas de desarrollo; más complejas, sí, pero de mejores resultados. Si bien es necesario fijar objetivos del porcentaje global que debe representar el costo de los bienes y servicios nacionales según el tipo de proyecto, es fundamental desglosar dicho porcentaje entre los diferentes componentes principales que conforman la obra: servicios, materiales y construcción, tanto cuantitativa como cualitativamente, y hacerle seguimiento formal.

La orientación general debe ser muy clara: a) Si se hace en Venezuela, hagámoslo; b) si se puede hacer en el país y fomenta el desarrollo, establezcamos las políticas que nos lleven a ello; c) así como si son bienes o servicios que se requieren o requerirán mucho en el país; d) por otro lado, si son asuntos muy particulares, poco repetitivos y de alto grado de complejidad, sujetos a patentes, ni nos preocupemos por ellos, traigámoslos de afuera.

Recuerdo bien, y ocurrió más de una vez, que ante la magnitud de los proyectos que se avecinaban, se decía que sería imposible abastecer las necesidades de soldadores y otro personal especializado. En realidad, esto siempre se logró, a veces con esfuerzo, superando las dificultades y estableciendo programas de capacitación en muchas de las obras, habiendo creado miles de oportunidades de trabajo bien remunerado y dejando al país más preparado.

Es lamentable ver que en los últimos años se haya dado preferencia a la asignación directa de obras a empresas extranjeras cuando existe perfectamente la capacidad en el país de ejecutarlas. Estas empresas extranjeras subcontrataron toda la obra a empresas nacionales, impusieron condiciones contractuales muy desfavorables y se reservaron el manejo de la obra y las actividades de conocimiento, como son las gestiones de planificación y control. De esta forma, bloquearon el desarrollo de las empresas nacionales. En algunos casos, por ejemplo, para la construcción de viviendas, hasta parte de la mano de obra fue traída del exterior. La política general debe establecer que la construcción debe contratarse y efectuarse con empresas venezolanas y que solo se deben traer del exterior las experticias y los equipos especializados cuando estos no existan en el país.

Hay que subrayar que no se está comenzando de cero, que la experiencia pasada nos da una muy buena orientación acerca de lo que se puede hacer y de lo que conviene hacer en el país.

Un sencillo análisis de proyectos mayores realizados en el pasado nos enseña, como se mostrará más adelante, que se pudo y puede lograr una incorporación muy importante de materiales y equipos de origen nacional inclusive en proyectos que se contrataron o se contraten bajo licitaciones internacionales altamente competidas.

También hay que incorporar en las políticas de fomento el análisis de las necesidades de otros sectores industriales del país con requerimientos importantes de materiales y equipos similares. Por ejemplo, la recuperación de la producción y de las refinerías va a requerir de una gran cantidad de tableros y equipos eléctricos para sustituir aquellos que han sido abandonados, destruidos o vandalizados. Estos equipos son similares a los que demandan el sector eléctrico y otros sectores industriales, por lo que su fabricación y ensamblaje en el país debe ser considerada y promovida. Lo mismo podríamos decir acerca de la fabricación de estructuras metálicas, recipientes a presión y otros componentes.

La Cámara Petrolera de Venezuela está dispuesta a aportar su conocimiento y experiencia en estas definiciones y clasificaciones.

El caso de Noruega es significativo. Habiendo sido uno de los países más pobres de Europa, decidió, tras el descubrimiento de los yacimientos del mar del Norte, aprovechar su bonanza petrolera para transformar, en muy pocos años, un país con una industria pesquera en abandono en uno de los países per cápita más ricos de Europa, con una seguridad social y una calidad de vida envidia del mundo entero. Bien entendieron los noruegos que el bienestar de su gente pasa por el desarrollo del país. Van juntos. Y, ambos, van junto al desarrollo de su principal recurso, los hidrocarburos. También entendieron que la generación de empleo local verdadero, en las áreas alrededor de la industria, deriva en un aprendizaje que abre oportunidades, que crea empresas, desarrollando bienes, servicios y tecnologías exportables al mundo; en fin, fomentando el bienestar permanente de su gente. Ellos no tuvieron ni penas ni tapujos en exigir ese desarrollo de lo nacional a inversionistas y operadoras que quisieron establecerse en su país. De esta forma se generó empleo, se formaron industrias y se desarrolló tecnología propia, fabricando materiales y equipos que se exportan a todo el mundo, creando lo que hoy en día es sin duda una industria petrolera con reconocimiento mundial; no se trata simplemente de un productor petrolero más.

La capacidad local de ofrecer bienes y servicios a la industria petrolera en Venezuela y la historia del cómo y en cuánto tiempo se llegó a ello es algo poco conocido, pero que es necesario difundir en virtud de que se está planteando una nueva ley.

Desde años antes de la nacionalización petrolera de 1976, la inversión en nuevos proyectos petroleros había disminuido sustancialmente dada la certidumbre que tenían las operadoras de que las concesiones no serían renovadas a su vencimiento. Esta reducción de la inversión afectó la producción del país, la cual entre 1970 y 1975 disminuyó en el orden de un millón de barriles. La actividad de las operadoras en el país en ese momento estaba más orientada a la operación y mantenimiento de las instalaciones existentes que a la ejecución de proyectos y obras de producción y refinación para la explotación futura.

A partir de 1976 comienza un gran proceso orientado tanto a la recuperación y aumento de la producción petrolera nacional como al aumento de la capacidad de refinación en el país y su adecuación a los requisitos ambientales cada vez más exigentes y a las condiciones de nuestro crudo. Se trazó el objetivo de aumentar nuestra venta de productos derivados al mercado internacional, buscando una mayor participación y dándole un mayor valor agregado nacional a nuestro petróleo.

Estos proyectos medulares fueron acompañados por PDVSA con muchos otros proyectos asociados a la industria que, siendo necesarios, habían sido relegados por las operadoras por la misma razón antes expuesta. Entre ellos se pueden citar la construcción de una red nacional de poliductos y gasoductos, la construcción de muelles, proyectos de compresión y reinyección para recuperación secundaria, plantas de tratamiento, así como la construcción de plantas eléctricas para abastecer refinerías y campos de producción. Estos proyectos comenzaron a crecer en número, tamaño y complejidad en muy breve tiempo.

Ya para 1981 se contrata con empresas venezolanas el diseño y la construcción del poliducto para el suministro de gasolina y gas a Caracas, y posteriormente los poliductos para el suministro de combustibles para el oriente del país y para los Andes, así como los gasoductos de la red nacional. Estos proyectos, que suman más de 2000 km de líneas con sus estaciones de bombeo y patios de tanques, fueron diseñados y construidos en su totalidad por empresas venezolanas. Muchos de los materiales y equipos fueron de origen nacional. Evidentemente, las grandes bombas y compresores fueron importados, pero bajo gestión de compras nacional.

También al inicio de los años 80, las empresas venezolanas comienzan a ejecutar la ingeniería y la construcción, a partir de las ingenierías de procesos y básicas provenientes de las operadoras anteriores, de las modificaciones requeridas por plantas de las refinerías, como unidades atmosféricas, de vacío, visco reductoras, por mencionar algunas. Además de los proyectos de servicios de las refinerías, también se ejecutaron trabajos en plantas eléctricas, de agua y otros.

De igual forma, los proyectos de producción, estaciones de flujo, plantas de inyección de vapor y de gas, entre otros, fueron diseñados y construidos por empresas venezolanas.

Desde temprano la industria nacionalizada creó una unidad de alto nivel, la “Coordinación de Materiales y Servicios Técnicos y Participación Nacional”, destinada a promover la incorporación de bienes y servicios nacionales en sus proyectos, estando a la vez muy focalizada al desarrollo de dicha oferta. Este esfuerzo sin duda favoreció mucho el crecimiento de estas actividades. Esta Coordinación no se limitó a establecer requisitos de participación, sino que también introdujo procesos de auditorías técnicas y de calidad orientadas al mejoramiento de esos bienes y servicios, fomentando el adiestramiento y las certificaciones de calidad; así mismo, propició la conformación de alianzas entre empresas nacionales y de empresas nacionales y extranjeras. Y, sobre todo, comenzó a requerir la adquisición de materiales y equipos y la contratación de proyectos y obras con empresas venezolanas según su especialidad y, en muchos casos, ejerció presiones internas para asegurar la inclusión.

Simultáneamente a los esfuerzos de la Coordinación, el INTEVEP creó la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad. La Cámara Petrolera, por su parte, también creó una unidad de Aseguramiento de Calidad, dotada de personal calificado para asistir a sus miembros en los procesos de certificación.

Este conjunto de esfuerzos dio resultados extraordinarios en muy poco tiempo.

Para mediados de los 80 comienzan los grandes y complejos proyectos de ampliación y cambio de patrón de las refinerías. Para estos proyectos, PDVSA exigió la participación de empresas venezolanas en asociación con empresas internacionales de primera línea. Estas asociaciones permitieron a las empresas de ingeniería adquirir la experiencia en proyectos de envergadura con la cual luego compitieron exitosamente nacional e internacionalmente. A esto se sumó la incorporación creciente de equipos y materiales nacionales dentro del plan de desarrollo de la capacidad nacional. La construcción y el montaje siempre fueron llevados a cabo por empresas venezolanas.

En paralelo a estos proyectos se construyeron plantas importantes en el área de petroquímica bajo la modalidad llave en mano, para lo cual, en procesos altamente competidos, se exigió también la participación en sociedad de empresas de ingeniería venezolanas, así como la incorporación de bienes nacionales. La construcción siempre fue realizada por empresas locales.

Durante estos años la incorporación de materiales y equipos de fabricación nacional en los proyectos creció sustancialmente. Los talleres y fábricas crecieron y se establecieron nuevas. Válvulas y accesorios, recipientes a presión, intercambiadores de calor, enfriadores por aire y columnas eran fabricados regularmente en Venezuela, así como algunos tipos de bombas de producción, las estructuras metálicas y los tableros eléctricos.

Puede decirse que ya a principios de los años 90 la mayoría de los proyectos corrientes de la industria se ejecutaban con empresas venezolanas, con una participación nacional importante y creciente. La gran mayoría de ellos eran licitados competitivamente entre empresas o asociaciones venezolanas, algunos bajo la modalidad suma global.  Con esta gran experiencia muchas de estas empresas se establecieron y ofrecieron sus bienes y servicios exitosamente en el exterior.

Cuando en los años 90 se inician los proyectos de la Apertura Petrolera y los grandes proyectos de producción y mejoramiento de la Faja Petrolífera del Orinoco, existía en el país una infraestructura de bienes y servicios que le dio un soporte importante a esos proyectos, generando una gran cantidad de empleo productivo local e impulsando el desarrollo. Los procesos de licitación de estos proyectos establecían requisitos básicos de participación nacional pero su cumplimiento no fue uniforme y en algunos casos muy pobre; la forma poco específica y genérica de los requerimientos sin duda atentó en contra de una mayor participación local en muchos proyectos. Sin embargo, puede decirse que la participación del área de bienes y servicios nacionales bajo esquemas competitivos fue relevante cuando se le dio la oportunidad. Esta experiencia debe ser dada a conocer para despejar dudas y sentar adecuadamente las bases de las políticas que se están considerando. A continuación, algunos ejemplos.

Materiales y equipos. Cerca de 100 recipientes a presión de acero, 20 columnas y más de 70 tanques se fabricaron en el país, así como la totalidad de las subestaciones eléctricas y 28.600 toneladas de estructuras metálicas (más del 90%). Más de 40 fabricantes venezolanos participaron en este esfuerzo.

Construcción y montaje. El 100% de la construcción fue venezolana, con la participación de 53 subcontratistas y 120 suplidores nacionales. También debe conocerse que este gigantesco esfuerzo de construcción de más de 39 millones de horas hombre de trabajo se ejecutó sin ninguna fatalidad que lamentar y con un índice de seguridad laboral OSHA de 0.36, muy por debajo de estándares internacionales.

En lo que se refiere a los proyectos de producción “aguas arriba” de la Faja Petrolífera es de destacar que se logró un contenido nacional por el orden de un 80%, con la mayoría de la ingeniería y totalidad de la construcción hechas por empresas venezolanas. Igualmente, la mayoría de los materiales y equipos fueron de proveniencia nacional.

Del análisis y desglose de estos proyectos se puede apreciar con claridad lo que se hace y/o se puede hacer en el país. Si bien es cierto que el sector ha sido afectado muy negativamente, al igual que la industria petrolera, durante estos últimos años y que su capacidad de ejecución se ha visto disminuida, no es menos cierto que el sector sigue presente en Venezuela, y ahora en el exterior. Estamos seguros de que con oportunidades de trabajo puede recuperarse prontamente. La experiencia pasada de lo que hemos logrado en tan pocos años en la oferta de bienes y servicios nacionales avala el rol significativo que puede desempeñar en la recuperación de la industria petrolera; en la creación de empleo productivo; en el ahorro de divisas; y, al haber trabajo y empleo, en la generación de un ambiente positivo en el país. Es por esto por lo que es necesario que el nuevo proyecto de relación del Estado con las empresas operadoras contemple incentivos claros a la promoción del uso de bienes y servicios nacionales en sus proyectos.

La Cámara puede ofrecer sus buenos oficios para apoyar a la comisión que está trabajando en el proyecto de ley y su reglamento, presentando desgloses detallados y recomendaciones al respecto de ser requeridos.

En Venezuela existe una amplia experiencia en la construcción de módulos para instalaciones de producción tanto en tierra como en el Lago de Maracaibo. Además, se han construido en el país grandes módulos de procesos de refinación para ser instalados en Venezuela y en el exterior.

Para los propósitos de un mejor entendimiento de lo que hacemos y podemos hacer en el país, también es interesante conocer la historia y las capacidades que existen en el entorno del Lago de Maracaibo y, en particular, en la Costa Oriental, donde se fabricaron y se pueden fabricar módulos como los que acaban de mostrarse.

No resulta una casualidad que este gigantesco conglomerado de fábricas, talleres y servicios, fuese originado y promovido en sus principios por las operadoras internacionales interesadas en poder contar localmente y en forma oportuna con los bienes y servicios que requerían sus operaciones.

Para conocer un poco más sobre este fenomenal desarrollo del Zulia y sobre cómo el Zulia impulsó el desarrollo del país, les sugiero leer el trabajo que preparé en el 2014, como orador de orden, para la “Cena Conferencia Centenario de la Era Petrolera de Venezuela”, organizada por la Cámara Petrolera en homenaje al sector privado petrolero del país, titulado “Cien Años del Zumaque, la Mitad del Camino…”.

Este fue el caso de la plataforma de producción de Corocoro, construida y ensamblada en el país.

La plataforma de Corocoro es una estructura completa e integrada, diseñada para la producción de 70.000 barriles de crudo diarios del campo de Corocoro en el golfo de Paria. La plataforma, construida en dos niveles, cuenta con todos los sistemas para la recepción del crudo, su tratamiento y despacho.

Las dimensiones de la estructura de la plataforma, construida en Venezuela, son de 75 metros de largo por 55 de ancho y doce de alto en dos niveles. El peso de la estructura es de 3.500 toneladas, en la cual se instalaron 4.500 toneladas de equipos y materiales para un peso total de la plataforma de 8.000 toneladas. La fabricación de la estructura de la plataforma y su posterior ensamblaje fueron realizados en Guayana, de donde fue trasladada en gabarra hasta Corocoro para ser asentada sobre pilotes de 100 metros de longitud y de paredes gruesas de hasta 4”, hechos en Venezuela.

Esta obra, a pesar de las dificultades del momento, fue construida en 28 meses, generando más de 600 empleos directos y 2.400 indirectos.

La estructura de la plataforma de producción la constituyen dos plantas de aproximadamente 4.100 metros cuadrados cada una y sobre las que van instalados los módulos de procesos y servicios. Una vez concluida la fabricación de cada uno de los dos niveles e instalados los equipos del nivel inferior, se izó el nivel superior con grúas y se deslizó por debajo el nivel inferior.

Concluida la instalación de los equipos en la plataforma, esta fue deslizada hasta la gabarra que la llevaría a Corocoro.

Aparte del gran volumen de trabajo generado en Guayana por la construcción de la estructura y el ensamblaje de la plataforma, el proyecto generó una gran cantidad de trabajo adicional en el país con la fabricación local de más de 20 de los módulos que fueron instalados en la plataforma. En particular se fabricaron módulos en Maracaibo, Barquisimeto, La Victoria, Maracay, Puerto La Cruz, Caracas y el mismo Puerto Ordaz. Además, para la fabricación de estos módulos los fabricantes locales adquirieron cualquier cantidad de materiales y equipos en el país. En pocas palabras, el país completo se benefició por la fabricación y el ensamblaje de esta plataforma en Venezuela con un efecto multiplicador importantísimo, aprovechando y robusteciendo el tejido industrial nacional. Razón indiscutible por la cual los países más desarrollados incentivan su realización en sus países.

Adicional a la plataforma de producción, también se fabricó en Venezuela el jacket sobre el cual se asienta la plataforma de perforación fabricada en tierra firme. El jacket es una estructura de 1.800 toneladas.

Aunque evidente, no puedo dejar de resaltar que en el caso de módulos y plataformas costa afuera, la decisión de dónde estas se fabrican y ensamblan es crítica en lo que refiere a contenido nacional. La decisión de hacer la estructura y ensamblar la plataforma en Venezuela permite y favorece la incorporación de materiales, partes y equipos de origen local y la generación de empleo y actividad económica en el país. Mientras que si se contrata su fabricación en el exterior con seguridad el contenido nacional sería cero, ya que es poco probable, desde el punto de vista logístico, llevar materiales y equipos de Venezuela al sitio de ensamblaje y volverlos a traer. Dado que la actividad costa afuera tanto en el Lago como en el mar, en petróleo y en gas, será amplia e intensa, es importante que la nueva ley o su reglamento reconozcan estas actividades dentro de los espacios de política del país, e incentiven a los operadores a que este tipo de proyectos se realicen en Venezuela.

Las actividades de exploración y producción normalmente representan más del 60% del presupuesto de una empresa petrolera, por lo cual las actividades de servicios a pozos que pueden o podrían ser realizadas por empresas venezolanas deben ser incentivadas.

Inicialmente las empresas nacionales de servicios a pozos fundamentalmente realizaban trabajos de baja complejidad, como la mudanza de taladros, traslado de personal, alquiler de camiones vacuum, suministro de aditivos químicos, que luego fueron acompañados por iniciativas más técnicas, como servicios guaya fina, fluidos de perforación, cementación, entre otros.

Ya para el año 2005 las empresas venezolanas realizaban una parte representativa de las actividades de la industria.  Muchas de estas empresas establecieron alianzas tecnológicas con empresas internacionales, que les permitieron alcanzar el nivel de calidad y el know- how en actividades que antes no estaban a su alcance, como instalación de taladros y llaves hidráulicas, perforación direccional, cementación, registros eléctricos, coiled tubing, sistemas de completación y automatización de producción, por mencionar algunas.

En la medida que las empresas venezolanas de servicios a pozos crecieron en número y capacidad fueron sirviendo a una parte creciente del mercado nacional, alcanzando el 51% de los trabajos de rehabilitación de pozos y un 24 % de la perforación de nuevos pozos en el norte de Monagas, en los campos de gas de Anaco y en el Lago de Maracaibo. Adicionalmente, prestaban el 12 % de los servicios requeridos por la perforación horizontal de pozos en la Faja. Algunas de estas empresas se han aliado entre ellas y con empresas extranjeras para ofrecer soluciones integrales de perforación y servicios.

La capacidad técnica de estas empresas, el conocimiento que tienen de nuestros campos y de las realidades del trabajo local son un activo importante de respuesta inmediata que debe ser incorporado desde el principio en cualquier plan de recuperación.

Al igual que en otras áreas de actividad, algunas de estas empresas de servicios se establecieron y trabajan exitosamente en el exterior.

Como hemos visto, es mucho lo que en materia de bienes y servicios nacionales se ha hecho en Venezuela y mucho lo que se puede hacer. Un análisis del pasado nos muestra ejemplos muy exitosos en los que se logró una altísima participación nacional sin impactar la programación o el costo de grandes proyectos; también tenemos ejemplos no tan exitosos y también ejemplos tristes y vergonzosos de cómo a veces hasta lo más elemental se trajo de afuera. De todos ellos podemos aprender para formular políticas realistas y efectivas que aseguren aprovechar el desarrollo petrolero para en paralelo desarrollar al país.

Hay que aclarar que no es un problema de falta de leyes para fomentar el desarrollo, las tenemos, y en abundancia.

Comenzando por la misma Constitución:

En sus artículos 301, 302 y 308 garantiza: “No se podrá otorgar a empresas y organismos o personas extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales (…)”. “El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes (…)”. “El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria (…)”.

La Ley Orgánica de Hidrocarburos:

En su artículo 18 establece: “El Ejecutivo Nacional adoptará medidas que propicien la formación de capital nacional para estimular la creación y consolidación de empresas operadoras, de servicios, de fabricación y suministro de bienes de origen nacional”.

La Ley de Licitaciones:

La Ley señala: “Las especificaciones técnicas de las obras, bienes y servicios deberán atender los aspectos funcionales, de manera que impulsen y no discriminen la participación de las Empresas Venezolanas y las Empresas Establecidas en Venezuela (…)”.

“La conceptualización y diseño de los proyectos gasíferos deberá realizarse maximizando la participación nacional en los mismos, y tomando en cuenta la capacidad de las Empresas Venezolanas y de las Empresas Establecidas en Venezuela con potencial de participación, sin afectar el nivel tecnológico y la calidad requeridos (…). Los responsables de la fase de conceptualización y diseño de los proyectos deberán minimizar, en lo posible, todo diseño que pueda reducir la participación nacional en el proyecto (…)”.

Disposiciones generales de esta misma índole encontramos en la Ley Orgánica del Trabajo, en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, en los tratados de libre comercio, así como en otra multitud de leyes y reglamentos.

El problema no es la falta de leyes, sino el carácter poco específico de las mismas, que facilita su incumplimiento y favorece su pobre o interesada interpretación; y en la voluntad de aplicarlas.

Para evitar que este problema se repita es necesario primero que nada que las personas que dirijan estos procesos sean las idóneas, con conocimiento, bien preparadas y comprometidas con el desarrollo integral del país, más allá que con el solo incremento de la producción o guiadas por intereses personales.

A continuación, se resumen algunas ideas sobre temas que deben tenerse en mente al momento de formular y reglamentar una nueva ley de hidrocarburos.

• Es necesario reconocer explícitamente, al más alto nivel jurídico y en las políticas de desarrollo y fomento nacional, que el país es uno solo, que se debe empujar su desarrollo social y económico conjuntamente, apalancándose primero que nada en las áreas y actividades que ofrecen mejor oportunidad. Los planes de la nación y las políticas asociadas deben incorporar con claridad estos requerimientos.
• Esforzarse en conocer y dar a conocer la realidad de la industria petrolera como ente demandante de bienes y servicios que pueden ofrecer un camino de desarrollo al país, así como en exponer con profundidad y claridad lo que hemos hecho en el país. Es inaudito que se desconozca o pretenda desconocer lo hecho aquí. También es necesario exigir a aquellas empresas interesadas en desarrollar actividades en el país que dediquen tiempo y esfuerzo, antes de comenzar, en conocer los bienes y servicios que se ofrecen en el país. Es obligación de las cámaras y colegios profesionales exponerlo, y es obligación de gobernantes, legisladores y líderes en general hacer un esfuerzo consciente en informarse, aprenderlo y exigirlo. El mensaje debe llegar no solo a los estamentos más altos de la política, las empresas y la sociedad, sino también a universidades y escuelas, de modo que el país deje de estar a espaldas de las oportunidades que, mucho más allá de una simple renta, su más importante recurso ofrece.

• Para lograr en los proyectos petroleros un alto contenido nacional es necesario que la contratación de obras, bienes y servicios se haga con claridad y transparencia, bajo procesos competitivos preferiblemente entre empresas venezolanas o entre asociaciones de empresas venezolanas con extranjeras cuando la complejidad lo amerite. Estos procesos deben dar lineamientos claros de lo que se espera respecto al contenido nacional y solicitar que se incluya en la oferta un “Plan de Contenido Nacional” donde se detallen por áreas y sectores objetivos claros y precisos junto con el compromiso contractual a ser adquirido. El plan también debe exponer cómo se prevé satisfacer los requisitos de la ECA, si es el caso. El avance y cumplimiento de estos planes deben ser presentados como cualquier otra actividad del proyecto en los informes mensuales del mismo.
• Las fases tempranas de definición conceptual de los proyectos son determinantes en la orientación de la proveniencia posterior de los bienes y servicios que integrarán las obras. Es perentorio que personal venezolano calificado en estos menesteres y comprometido con los mismos participe proactivamente en ellas. Las especificaciones técnicas, los niveles de desagregación y los cronogramas de ejecución deben reconocer las normativas locales y conocer la oferta nacional. Asuntos pequeños, no significativos, pueden forzar una procedencia extranjera cuando no es necesaria.
• Desde antes de la licitación del proyecto de ingeniería y construcción, en su fase de ofertas y a su inicio, debe prestarse especial atención a informar de su contenido y alcance a los diferentes sectores nacionales que se espera participen de modo de darles oportunidad de planificar y organizarse para participar exitosamente.
• Los requisitos comerciales, económicos o financieros no deben hacer imposible la participación de empresas nacionales y han de reconocer con justicia no solo la situación actual del país, sino también las grandes diferencias que existen frente a las empresas extranjeras por asunto de escala, financiamiento favorable y apoyos fiscales en sus países de origen, que se traducen en una competencia desigual. Beneficios fiscales especiales que ofrezca el Estado venezolano para atraer inversiones deben ser excluidos de las comparaciones; por ejemplo, el arancel único. No sería correcto que el proveedor nacional tenga que pagar impuestos de importación de los materiales y equipos que requiere para la fabricación local si el extranjero está exento o paga una tasa solo nominal.
• A veces se interpreta que un proyecto que goce de financiamiento internacional está comprometido a adquirir la mayoría de los bienes y servicios de los países de donde provienen los fondos. Si bien es cierto que existen exigencias de ese tipo, ellas no tienen por qué limitar la participación de bienes y servicios nacionales en las obras. Hay que resaltar lo siguiente: a) Las exigencias nunca requieren que todo provenga de afuera y normalmente existe un espacio de negociación al respecto que debe trabajarse desde el principio; b) como ya indicamos, una parte muy importante del costo será de proveniencia importada de todas maneras: equipos grandes o especializados, materiales que no se fabrican en el país, componentes importados de equipos fabricados localmente, etc., cuyos montos, por sí solos, pueden satisfacer o exceder los requerimientos de los entes financieros; c) un plan de procura concebido desde la fase de oferta que contemple los requerimientos de las Agencias de Crédito a la Exportación, ECA, puede asegurar el cumplimiento de los requisitos financieros y de desarrollo nacional.
• Algunos piensan que la incorporación de materiales y equipos nacionales va en detrimento del cronograma de ejecución de los proyectos alegando que su fabricación en Venezuela puede tardar más, justificando así que estos deben ser importados. Sin duda, los países desarrollados, con talleres gigantes y cadenas de suministro de materiales robustas, pueden fabricar un equipo en menos tiempo que nosotros. Sin embargo, en la mayoría de los casos lo importante no es si en el exterior se puede hacer más rápido, sino si en Venezuela se puede hacer sin impactar el tiempo de ejecución del proyecto. Dentro de este contexto, la realidad es que son los grandes equipos, los que no se hacen en Venezuela, los que generalmente definen el programa de ejecución de la obra y dentro del cual con un plan de compras adecuado se puede acomodar la fabricación de los equipos de origen local sin afectar el proyecto, como ha quedado bien demostrado en múltiples oportunidades.
• También existe entre algunos la apreciación errónea de que la Organización Mundial de Comercio o los tratados internacionales de comercio no permiten que se favorezca la adquisición de productos nacionales sobre los importados. Si bien es cierto que la OMC busca el desmantelamiento de barreras al comercio internacional, también es cierto que la OMC reconoce la necesidad y el derecho que tienen los pueblos de desarrollarse en sus áreas de mejor oportunidad, no solo por la vía de aranceles específicos, sino también por la potestad de establecer “Espacios de Política” en áreas de interés nacional. Es evidente que entre países desarrollados y no desarrollados existen asimetrías que representan diferencias notables, bien sea en niveles de desarrollo productivo y competitividad o en el carácter de las políticas de apoyo a sus Dado que estas asimetrías existen, se justifica y es aceptable que una de las partes aplique políticas que busquen reducir las diferencias, para lo cual necesita preservar “Espacios de Política”. No hay mejor área de oportunidad para Venezuela que el petróleo y su industria. Y la defensa de sus espacios de desarrollo es válida y justa.

Son muchos los elementos que intervienen e influyen en la incorporación de bienes y servicios nacionales, pero lo fundamental, lo más importante, es tener un conocimiento adecuado de las necesidades reales y de lo que se hace o se puede hacer en el país, y tener la voluntad para ello. No conocer si un bien o servicio se produce en el país no es excusa para descartarlo.